La Junta rechaza las investigaciones de detectives sobre domicilios falsos

Hacer uso del derecho a escolarizar a sus hijos en el colegio en el que desean. Ésta es la demanda que un importante grupo de padres de la escuela concertada hacen a la Delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía. El motivo de esta reivindicación radica en que, a pesar de que el comienzo del curso escolar está a la vuelta de la esquina, sus hijos aún no tienen una plaza en el centro educativo que eligieron, o si se le ha dado una opción no ha sido en ninguna de las alternativas que plantearon a la Administración. Sin embargo, la razón que provoca una mayor desazón a estos padres es que sus hijos no obtengan una plaza como consecuencia de que otras personas falsearon documentos del proceso de escolarización.

Incluso, para demostrar estas irregularidades los padres han contratado los servicios de detectives privados que les ha aportado una serie de pruebas documentales que verifican "trampas" en once casos. La Junta ha decidido no tener en cuenta estos informes. Uno de los afectados, Antonio Arellano, asegura que ha hecho todo lo posible para conseguir que su hija de tres años entre en el colegio Sagrada Familia, pero que todo su trabajo ha caído en saco roto. Ante todo, considera una injusticia que su hija no consiga una plaza "porque otros padres hayan falseado una serie de documentos relativos al patrón". Con esta afirmación, Arellano se refiere a que la Junta de Andalucía en estos momentos tan sólo está tomando como base el certificado de empadronamiento que remite el Ayuntamiento, "un documento muy fácil de falsear".

La desesperación de Arellano le llevó contratar, junto a otros cinco padres -en realidad es una práctica extendida-, los servicios de un detective privado que les ha supuesto un desembolso conjunto de 1.800 euros. Con este servicio consiguieron una serie de pruebas fotográficas y sonoras que certificaban la veracidad de sus acusaciones vertidas sobre once casos de padres "tramposos". Estos documentos los presentaron en la Delegación deñ Gobierno a través de un recurso el pasado 5 de junio, lo que conllevó también el pago de un abogado. Hasta el día de ayer, según Arellano, no obtuvieron una respuesta, "pero viendo los resultados estamos aún más hundidos". Y es que la Delegación de Educación ha hecho oídos sordos a los documentos presentados, ya que la única prueba que toman como base válida para la adjudicación de las plazas en los colegios concertados son los documentos de empadronamiento. Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de colegios concertados, Miguel Ángel Barneto, aseguró que son muchos los colegios en los que se están dando este tipo de irregularidades, citando como ejemplo el Colegio Sagrada Familia, Salesianos, El Carmen o Santa Victoria. "Luchar por nuestro derecho constitucional de una educación libre, ese es nuestro objetivo", aseguró ayer ante los medios Barneto. Para ello la única vía que se plantea como viable es el cambio en la orden de escolarización y exigir más documentación para verificar los datos. Concretamente, que se exija la declaración de la renta o la inscripción en la Seguridad Social "para hacer un cruce de datos".

El Ayuntamiento reconoció ayer que es complicado realizar un seguimiento específico de todos los casos que se realizan y que reclama los documentos que se exigen para figurar en el padrón. Falsificar los datos puede conllevar un delito penal.

http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/507201/la/junta/rechaza/las/investigaciones/detectives/sobre/domicilios/falsos.html

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