La legislación impide a la Xunta contratar detectives privados para la protección de las mujeres maltratadas

Las labores de protección de mujeres maltratadas no pueden ser realizadas por detectives privados. En contra de al menos un caso en el que la anterior Xunta encomendó esta labor a una firma gallega de este sector, las consultas realizadas desde el Colexio Profesional de Detectives Privados de Galicia ante la unidad central de seguridad privada de la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno y distintos cuerpos policiales han despejado dudas en cuanto a que este trabajo excede las labores de este colectivo profesional.

El presidente de los detectives gallegos, Armando González Freiría, admite que se vio sorprendido por recientes informaciones relativas a la posibilidad de que la Administración autonómica estuviese invirtiendo en este ámbito de la protección directa a mujeres maltratadas, por medio del profesionales de la seguridad privada. Se interesaron por la situación también ante la propia Xunta y sus sospechas se han visto confirmadas.

Las gestiones ante la policía reafirmaron la idea de que esta labor no entra dentro de sus competencias profesionales, siendo exclusiva de los cuerpos de seguridad del Estado. Para los detectives queda la investigación de delitos perseguibles a instancia de parte, por encargo de las personas legitimadas para ello; la obtención y aportación de información o pruebas sobre conductas o hechos privados, aparte de la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

Las expectativas de una nueva actividad para los detectives privados de Galicia se han visto cerradas con estas gestiones. Queda, en cualquier caso, determinar si se ha producido alguna irregularidad en los últimos meses y si un encargo realizado por la anterior Xunta se hizo de forma correcta. González Freiría añade que, si el Gobierno gallego llegase a considerar posible la realización de este tipo de servicios, debería abrir un concurso público para que todos los detectives puedan tener opción a este trabajo.

El Ejecutivo gallego, en cualquier caso, deberá determinar como primera medida si renueva o cancela un supuesto contrato cuya vigencia remataría durante este mes de agosto.
En cualquier caso, la Xunta no dispone de partida presupuestaria específica para este fin, ni tampoco se conocen planes que posibiliten

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